Este jueves quedó claro por parte del Gobierno Nacional que la dirección de los planes sociales se encuentra en poder del Estado Nacional, y lo maneja a través del Ministerio de Desarrollo Social y aseguró que la cartera encabezada por Juan Zabaleta apunta a que «los gobiernos municipales y provinciales tengan un rol más activo» en la implementación del programa Potenciar Trabajo.
El debate sobre una mejor administración de la ayuda estatal a los sectores más vulnerables, en el que intervino la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante en un acto de la CTA por el Día de la Bandera, mostró este jueves una postura enfática por parte de la Casa Rosada, que dejó en claro que la administración, planificación y diseño de los planes sociales pasan por el Ejecutivo.
La alusión de Cerruti sobre cambios en la forma de «canalizar» la ayuda social se produce en un contexto en el que algunos intendentes, sobre todo bonaerenses, salieron a pedir una mayor participación de sus municipios en el manejo de los planes.
El miércoles en la voz del jefe de Gabinete bonaerense (Martín Insaurralde) se oyó el reclamo de los intendentes, y aseguró que es unánime entre los jefes comunales la idea de la descentralización del control de los planes sociales en los municipios.
Con todo, el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia entendió además que «llegó la hora de debatir el salario universal», en el marco del debate de fondo propuesto por Cristina Fernández, el lunes pasado en el plenario de la CTA, donde reclamó, «la aplicación de las políticas sociales no siga tercerizada» y que el Estado nacional vuelva a tener el control, la auditoría, y la aplicación de ese sistema.
El pedido de los intendentes fue traducido en parte en el proyecto para convertir planes sociales en trabajo genuino que el jefe comunal del municipio bonaerense de Pehuajó, Pablo Zurro, le acercó ayer a Cristina Fernández a su despacho del Senado.
La propuesta apunta que los beneficiarios del Potenciar Trabajo tengan 20 horas semanales de trabajo en sus barrios, siendo 4 horas diarias. Esto sucedería a cambio de un plus mensual que se costeará con las arcas municipales y una cobertura de salud a través de la obra social de la Provincia de Buenos Aires (IOMA), en tanto, la intendencia quedaría a cargo de la asignación de tareas y de controlar las altas y las bajas del convenio.
Como todos los jueves en conferencia de prensa en la Casa Rosada, Cerruti aludió a una información publicada este jueves por el diario Clarín que, con este debate en el oficialismo como telón de fondo, afirmaba que «el Gobierno le saca 180.000 planes sociales a los piqueteros y se los traspasa a los intendentes y los gobernadores».
Al respecto, la portavoz indicó que la información consignada en ese matutino «no era correcta» y precisó que «los 180 mil planes que salieron hoy (por el jueves) en la tapa de algunos diarios son los que se anotaron a partir de apertura de un registro del Ministerio de Desarrollo Social» que “se abrió hace casi un año para que los beneficiarios puedan recibir de otra manera el Potenciar Trabajo».
Aclaró que «alguno será a través de municipalidades, otros serán de forma individual, otros de cooperativas», y refirió que esto “se habilitó en virtud de que hubo denuncias sobre irregularidades en la gestión de estos planes.”
«Todo esto lo está trabajando y estudiando el ministro (Juan Zabaleta)», completó Cerruti para luego recordar que «las políticas sociales más grandes son universales» y citó a la Asignación Universal por Hijo (AUH), al Plan Alimentar y al Plan Progresar.
«El ministro Zabaleta viene trabajando para que los que son cabeza en ese plan puedan pasar a trabajo formal. Esto implica acuerdos con empresas, sindicatos, con automotrices. Hay una cooperativa de mujeres en Flores, que producen aromatizantes y firmaron un acuerdo con Toyota para la compra de esos productos», destacó Cerruti a modo de ejemplo.
Zabaleta, en tanto, afirmó esta mañana que desde el Gobierno nacional apuntan a que «los gobiernos municipales y provinciales tengan un rol más activo» en la implementación del programa Potenciar Trabajo y sostuvo que desde su cartera se trabaja «todos los días» en «cómo mejorar los programas sociales».
El ministro de Desarrollo Social también reafirmó la decisión del Ejecutivo de «no habilitar más altas de plan Potenciar Trabajo», algo que (contó) transmitió en la reunión que mantuvo ayer en la sede del Ministerio con representantes de la Unidad Piquetera (UP).
En cambio, «la idea es invertir recursos en unidades productivas vinculadas a la generación de empleo», precisó el ministro en declaraciones formuladas a la radio La Red, donde destacó la importancia de «seguir profundizando el vínculo con cada beneficiario» de programas sociales.
En relación al debate suscitado en el Frente de Todos tras los conceptos formulados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el lunes pasado, el ministro evaluó que las discusiones para mejorar «las condiciones de vida de los argentinos siempre son bienvenidas» y aclaró que el foco del Ejecutivo está puesto en la generación de trabajo formal.
«Tenemos que ir al camino del empleo formal y construir alternativas para los 1.200.000 beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo que, en definitiva, son las verdaderas víctimas de la situación económica y tienen que estar acompañadas por el Estado”, remarcó.
Días pasados se conoció una denuncia contra organizaciones de la Unidad Piquetera por el supuesto cobro de un porcentaje de ese plan social a los beneficiarios.
En ese contexto, trascendió una creciente migración de un número significativo de beneficiarios de programas sociales que buscan «cambiar de unidad ejecutora», para pasar de la UP a ámbitos municipales.
Zabaleta sostuvo que hay que aprovechar el debate público para «pedirle a los gobiernos municipales e intendentes que comuniquen a los beneficiarios para que sepan y para que puedan elegir dónde quieren trabajar y que no pueden ser rehenes de nadie».
En ese marco, recordó que hay «un canal abierto de denuncias en el Ministerio».
«Cuando hablamos de aquellos beneficiarios que pidieron cambiar unidad de gestión, aparecieron siete mil denuncias por irregularidades. Ahí está el Ministerio trabajando con las organizaciones sociales, municipios y sindicatos para que esto no suceda», completó.
Sobre ese punto, también habló este jueves Cerruti, quien evaluó que las consideraciones de Cristina Kirchner sobre la fiscalización de los programas sociales con el propósito de evitar «la tercerización» no implican «una postura antagónica» a las políticas que se aplican desde el Gobierno nacional.
«No hay posturas antagónicas sobre las políticas sociales. En su presidencia se desarrollaron políticas sociales. Jamás la vicepresidenta hablaría en contra de las organizaciones sociales. Lo que dijo es algo puntual, que es su mirada sobre algo que ya está sucediendo: hay denuncias puntuales sobre los planes que son atendidas», indicó.
A renglón seguido, la portavoz subrayó que «todos y todas reconocemos el trabajo de las organizaciones sociales, son fundamentales para la organización comunitaria y la economía popular» y analizó que «pasar de una o dos generaciones de desempleo y pobreza a la formalidad laboral no pasa del día a la noche. Todos trabajamos y pensamos lo mismo».
«Es algo que lleva tiempo. Se necesita una reinserción cultural en el mundo del trabajo y no se puede hacer de la noche a la mañana. Así no pude surgir un trabajo de ocho horas. Todo ese proceso está siendo desarrollado y acompañado desde el Estado», finalizó Cerruti.
