Crónicas sombrías: La masacre de Wilde, una sinfonía del terror azul
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Aquel tipo ya septuagenario clavó la mirada sobre los jueces de Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 3 de Lomas de Zamora. Entonces carraspeó, antes de impostar un dejo dramático en su voz:
–Si ustedes cometen un error escribiendo, lo pueden borrar o corregir en su trabajo. Nosotros no podemos, porque lamentablemente tenemos una línea muy fina y un error nuestro está dentro del campo del delito.
Sabias palabras.
Las había declamado el excomisario de La Bonaerense, Arturo Gómez, durante el mediodía el 6 de diciembre. El “error” aludido había ocurrido casi 29 años antes. Era la llamada “Masacre de Wilde”.
Así Gómez hizo uso de su derecho a pronunciar una frase de ocasión tras los alegatos; allí, las partes habían pedido, respectivamente, la prisión perpetua y la absolución. Los seis hombres que compartían el banquillo con él, todos de la misma franja etaria, parecían aburridos.
Se trataba del ex comisario Roberto Mantel, de los ex oficiales Osvaldo Lorenzón, Pablo Dudek, Marcelo Valerga, Julio Gatto y del ex cabo Marcos Rodríguez (otros tres, los ex oficiales Hugo Reyes, César Córdoba y Carlos Saladino murieron antes de iniciarse el juicio, y el ex subteniente Marciano González no puede afrontarlo por un ACV).
Ahora solo falta el veredicto, que se dará a conocer el 19 de diciembre. De modo que, hasta aquel lunes, esta añeja historia tendrá un final abierto. Y precisamente por esa razón, merece ser refrescada.
La cacería infernal
En este punto es necesario retroceder a comienzos de 1994. Eduardo Duhalde gobernaba Buenos Aires con la ilusoria creencia de que la aparente prolijidad de su gestión lo llevaría a la Casa Rosada. Pero ya era la época de la “Maldita Policía” (que él llamaba “la mejor del mundo”). Su cabecilla era el legendario comisario Pedro Klodzcyk y el secretario de Seguridad, Eduardo Pettigiani, un antiguo integrante del grupo fascista Tacuara.
Aquel individuo no tardó en advertir que el descontrol del orden urbano comenzaba a esmerilar su figura. Y su reacción fue decir: “A cualquiera que ingrese a la provincia, tranquilamente le pueden reventar la cabeza de un tiro”.
Semejante frase había sonado como una advertencia.El 10 de enero de aquel año, una patota de la peligrosísima Brigada de Lanús le dio toda la razón.
Aquel lunes a media mañana, una sinfonía de sirenas, gritos, chirridos de neumáticos y tiros sacudió la calma que a esa hora imperaba en las calles de Wilde. Un Dodge 1500 amarillo y un Peugeot 505 gris oscuro habían sido interceptados por cinco móviles no identificables de dicha unidad, después de una trepidante persecución.
El resultado fue devastador. En cuestión de segundos, ambos vehículos adquirieron el aspecto de un queso gruyere: la carrocería del Peugeot exhibía 40 orificios de bala y la del Dodge, otros tantos. En total, hubo 239 disparos. Pero fue un tiroteo unilateral; las balas silbaban hacia un solo lado.
Los policías no tardaron en descubrir que habían metido la pata, habida cuenta de que estaban allí por –diríase– un encono delictivo.
Es que ellos debían “cortar” (tal como en la jerga canera se denominan las ejecuciones) a unos “malandras” que trabajaban para la Brigada, pero que pretendían abrirse. Los policías tenían el dato de que sus presas se movían aquel día en un Dodge amarillo y en un Peugeot gris.
Pues bien, al comenzar la cacería, una congestión del tránsito permitió a ese Dodge eludir el cerco policial. Y así sus ocupantes (apellidados Quintana, Correa y Leguizamón) salvaron sus pellejos.
El Dodge que resultó acribillado junto al Peugeot era, en realidad, otro auto, idéntico al que supo prolongar su huida. Lo manejaba Claudio Díaz y su acompañante era Edgardo Cicutín. Ambos vendían libros por cuenta de una editorial porteña. El primero salió ileso Pero Cicuttín murió sin poder aclarar tamaño “malentendido”.
En el auto gris yacía el remisero Norberto Corbo junto a dos pasajeros: Claudio Mendoza y Enrique Bielsa.
Los “Patas Negras” –tal como se le dice al personal de La Bonaerense– hicieron lo habitual: confundir pruebas, plantar armas, empiojar la instrucción.
Pero los familiares de Cicuttín y Corbo, junto con Díaz, insistieron con que las cuatro víctimas insistieron en que éstas fueron asesinadas con alevosía. Y por ese lado fue la jueza Silvia González, quien no demoró en ordenar la detención de los uniformados.
La hipótesis del “ajuste de cuentas” la confirmó el padre del remisero, quien en su declaración aseguró: “Bielsa era informante de algunos policías en el tema de drogas; algo debió haber hecho mal, y llegó la orden de borrarlo”.
Los esbirros de la Brigada sabían que, al momento de morir, Bielsa y Mendoza se dirigían hacia Punta Indio para encontrarse allí con los ocupantes del Dodge a los fines de repartirse drogas o algún botín. De hecho, llevaban un portafolio con dinero que, misteriosamente, desapareció.
¿Acaso Bielsa había sido el “batidor” de dicho cónclave? De ser así, no contempló la posibilidad de que la muerte sería también para él.
Efecto matanza
Tanto lo de de Wilde como otras estruendosas disfunciones de La Bonaerense terminaron por signar, en otoño de 1994, el reemplazo de Pettigiani por el ex juez federal Alberto Piotti, un sujeto ambicioso, amañado y que tenía una gran sintonía con el jefe Klodzcyk.
Una de sus principales tareas fue acudir con insistencia al despacho de la jueza González para interesarse en la causa por el cuádruple crimen policial.
Pero ella solo le ofrecía migajas, mientras avanzaba con el expediente, sosteniendo la prisión preventiva sobre diez uniformados.
En rigor, le faltaba uno: el cabo Marcos Rodríguez. Su paradero era un misterio celosamente mantenido por la cúpula de la mazorca provincial. Y en ello hubo una razón de peso: ese hombre, que participó en la matanza estando en “disponibilidad”, se convirtió en emergente depositario de la culpa grupal. Sus camaradas se obstinaban en achacarle la autoría total del hecho, llegando a sugerir que los 239 disparos salieron únicamente de su arma.
Pero su doble condición de prófugo y chivo emisario lo tornó peligroso hasta para ellos. Y la forma más expeditiva de impedir que cayera en manos de la Justicia consistió en tratar de callarlo para siempre.
Puesto que muchos policías con pedido de captura solían refugiarse en sus propios hogares, se creyó que él estaría en el suyo. Rodríguez vivía en una calle de Wilde donde todos los chalecitos son iguales. Hasta allí fue un grupo de por lo menos cuatro sicarios.
Llegaron de madrugada. Estaba oscuro. Aún así, creyeron reconocer al hombre que buscaban.
– ¡Ese es el yuta! –gritó uno de ellos.
Se escucharon dos disparos. Y luego, nuevamente el silencio.
Fue otra equivocación garrafal. Los agresores se habían confundido de casa, y en realidad entraron a la de un vecino. Se trataba de un estudiante de Derecho que tenía una contextura física similar a la del policía. Un balazo le atravesó la pierna y el otro lo hirió en la cara, arrasando con su ojo derecho.
A los pocos días, mientras se reponía de sus heridas, se enteró de que Rodríguez era buscado por la Masacre de Wilde, y comprendió la confusión. Pero el hecho recién saltó a la luz tres años después. Rodríguez estuvo “ausente” por un tiempo mucho más prolongado.
Volviendo a los meses inmediatamente posteriores del asunto, la jueza resistía estoicamente las presiones recibidas desde la Gobernación y la cúpula de La Bonaerense. Pero una serie de apelaciones suscriptas por los defensores de los detenidos la saco del juego. Su reemplazante fue el juez de Instrucción Emilio Villamayor, un dilecto amigo de la “gorra”. De modo que tal enroque fue una bocanada de esperanza para los policías procesados.
No solo eso sino que, en noviembre de 1994, los integrantes de la Sala I de la Cámara de Cámara Criminal de Lomas de Zamora –integrada por Juan Silvestrini, Osvaldo Baccini y Ernesto Devoto– revocaron de un plumazo las prisiones preventivas, considerando que no se habían hallado pruebas, y cargó la responsabilidad sobre Rodríguez.
En abril del año siguiente, el juez Villamayor añadió su granito de arena al disponer el sobreseimiento provisorio. A los pocos meses, esos camaristas confirmaron aquella resolución. El sobreseimiento fue entonces definitivo. Y la causa fue cerrada. Claro que las familias de las víctimas reaccionaron con una serie de apelaciones, aunque, en 2007, los asesinos fueron sobreseídos por segunda vez. Hasta que la causa llegó a la Suprema Corte bonaerense. Fue en 2014 –a dos décadas de los hechos– cuando los jueces del máximo tribunal de la provincia revocaron los sobreseimientos para reabrir el expediente.
En aquel año, el escurridizo Rodríguez fue apresado en Córdoba.
Esta trama, que parecía definitivamente signada por la impunidad, supo girar como un boomerang hacia su esclarecimiento. En ello fue determinante el tesón de Raquel Gazzanego (la viuda del librero Cicutín), de Patricia Corbo (la viuda del remisero) y del sobreviviente Claudio Díaz, patrocinados por los abogados Ciro Annicchiarico y Gustavo Romano Duffau.
Durante el mediodía del 6 de diciembre, luego de que el acusado Gómez ofreciera ante el TOC Nº 3 de Lomas de Zamora su punto de vista acerca de la teoría sobre el “ensayo y error” policial, fue el turno de Rodríguez. El tipo carraspeó, antes de impostar un dejo dramático en su voz, y dijo:
– ¡Soy inocente! Espero que haya justicia –fueron sus últimas palabras antes del veredicto.
Los seis hombres que compartían el banquillo con él parecían aburridos.
En unos días el destino tendrá la última palabra.
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