El paso del fiscal general del Ministerio Público de la Acusación por la Legislatura, al dar su informe anual, dejó entre otros elementos un fuerte choque de opiniones sobre cómo valorar el número de presos en cárceles y comisarías santafesinas.
¿Es un número alto como indica el gobierno provincial y el propio MPA o es insuficiente como plantearon al menos dos senadores provinciales del radicalismo?
Esta vez la vista del titular del MPA fue en el Senado y como es habitual fue abierta a la prensa. La palabra «eficiencia» (o su contrario) rodó por primera vez desde que comenzó a funcionar el órgano acusatorio en este tipo de reuniones. La dijo el senador Lisandro Enrico (UCR-General López) cuando advirtió que el número de personas privadas de la libertad en la provincia es bajo, si se piensa en el número de delitos que se denuncia que «bien podría ser triplicado» si se pudieran contar todos los robos que no llegan a las actas de la Policía o el MPA.
Baclini ya había advertido que el número de fiscales es marcadamente insuficiente y que el MPA tiene pocos empleados y muchos de ellos bajo figuras laborales de precarización inaceptables, que ni siquiera están en blanco, con sus cargos creados.
Habló de la necesidad de poder cubrir no menos de 80 vacantes y dijo que en total hay 663 personas a su cargo. Hizo un par de comparaciones odiosas:
Mendoza tiene 1.600 empleados en ese ministerio y Córdoba 1.800.
Describió que el laboratorio del Organismo de Investigaciones fue creado pero sin presupuesto y pidió en el mediano plazo avanzar con acuerdos políticos que le den mejores herramientas de trabajo.
El fiscal general puso el acento en el crecimiento, año a año, de las audiencias de primera instancia realizadas desde 2014 cuando comenzó a funcionar el órgano acusatorio, que en 2021 llegaron a ser 27.788 frente a las 7.525 del inicio. De inmediato se produjo un cruce por el número de condenas. Baclini destacó que cuando se llega a juicio oral los fiscales ganan y hay condenados en el 95% de los casos, pero la enorme mayoría de las causas iniciadas no llega a esa instancia. Desde 2014 a la fecha hubo 1.630.000 denuncias de delitos de todo tipo, apenas 0,2% de esa cifra llegó a la instancia del juicio, advirtió Enrico. «Hoy hay más presos que en los años anteriores, pero que nadie se confunda: en Santa Fe tenemos muy pocos presos». Más adelante subrayó: «no nos horroricemos con los 8.000 presos, son pocos para los niveles de inseguridad que sufrimos».
El radical del sur lamentó la subsistencia de un número alto de prisiones domiciliarias pese a que «hemos reformado las leyes para que esa instancia sea muy excepcional», se quejó.
Baclini había hablado antes de la necesidad de mejorar el trabajo de la policía para apresar a delincuentes «en situación de flagrancia» y abundó sobre los 150 patrulleros que deberían vigilar a Rosario. «Hoy tienen 42 móviles», aseguró al tiempo que comentó que del tema había hablado con el ministro de Seguridad, Jorge Lagna.
El titular del MPA piensa que el Programa de Protección de Testigos (consagrado por ley) no funciona como se esperaba y que los ciudadanos honestos lo perciben. Pidió que el Legislativo y el Ejecutivo se ocupen de crear equipos de trabajo para garantizar esa protección. Narró una experiencia personal dolorosa: «hubo disparos de ametralladora cerca de mi casa y de mis hijos» sin que el móvil asignado a su custodia lo hubiera advertido.
Durante el debate se habló de las amenazas de bandas de narcotraficantes a fiscales y hubo amplia coincidencia en la necesidad de mejorar ese aspecto.
Otro senador radical pero del norte, Orfilio Marcón (UCR-General Obligado) observó que Baclini había relatado que la Casa Gris dio cuenta de la superpoblación carcelaria que existe en Santa Fe y que tiene desbordado al sistema penitenciario. Subrayó que esa realidad no debe influir en el ánimo o en los criterios de los encargados de llevar adelante el proceso acusatorio y pidió dejar en claro que el problema edilicio y de falta de inversión no puede condicionar a los fiscales.
Durante la exposición de Baclini, al citar esa nota del ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, para graficar la situación penitenciaria dijo que si el MPA funcionara a pleno, con los recursos necesarios y produjese más juicios y en ellos se dictaran más condenas, no habría materialmente donde alojar a los presos.
Del mismo partido también se expresó Fabián Bastia, más contemplativo con la falta de recursos del MPA, subrayó que en lo que va del gobierno de Omar Perotti la Comisión de Acuerdos que integra (y ha presidido) «no ha recibido ni un solo pliego para cubrir cargos de fiscales» y subrayó que es tarea del Ejecutivo que se active el proceso de selección mediante concursos.
Sólo el 51,02% de los homicidios en la Fiscalía Regional Santa Fe (que comprende un área mayor a la ciudad capital) tiene una «individualización formal en investigaciones por homicidios», es decir, un presunto autor (o con condena).
La estadística es parte de la que contiene el Informe Anual del Ministerio Público de la Acusación que para el mismo indicador muestra a la Fiscalía Regional de Rosario con un número aún peor, del 48,64%, mientras que son excelentes los totales (100%) de las fiscalías regionales de Venado Tuerto y Reconquista, donde también es menor el número de homicidios. En la Fiscalía Regional de Rafaela se llega al 85,71%.
Los malos guarismos de las dos grandes urbanizaciones en la provincia se corresponden con los números globales del MPA, los fiscales no han podido tener al menos un presunto homicida en el 53% del total y la tendencia es cada vez peor desde 2017 cuando se llegó al 62%.
Las tasas de homicidios de las fiscalías regionales de Santa Fe (8.9 cada 100.000 habitantes) y de Rosario (14,1) contrastan con los números de Venado Tuerto (2,3), Reconquista (2,3) y Rafaela (2,2), que Baclini consideró «mucho más razonables» en las tres últimas.
