Este lunes desde las 17 horas se encontrarán las empresas de transportes, UTA (Unión Tranviario Automotor) y el gobierno nacional para intentar resolver el conflicto que se basa en el reclamo de los choferes por un aumento salarial. A ello, se le suman planteos que se relacionan con la política de subsidios y de las tarifas. De no llegar a un acuerdo los choferes harán paro de 72 horas, advirtió UTA.
En conjunto con eso, hubo un acuerdo a cuenta del futuro salario de parte de empresas y el gremio de colectiveros por la suma de 20 mil pesos en dos cuotas. La primera de ellas fue abonada el viernes.
Fata, la federación que nuclea al sector empresarial, reclama a las provincias más compromiso, un aporte igual al de la Nación e incremento de tarifas.
“El estado de situación del sistema de transporte de pasajeros requiere de la adopción de acciones urgentes que concreten la responsabilidad que dichas autoridades tienen en relación con el servicio público cuya prestación han concesionado y tienen la obligación de sostener”, señalaron.
Además, los empresarios manifestaron su preocupación “ante la falta de respuestas y soluciones a planteos concretos, fundados y justos”.
“En el ámbito del Estado Nacional no hemos encontrado satisfacción a nuestros requerimientos de un incremento sustancial en los aportes cuya insuficiencia hemos acreditado mediante informes técnicos proporcionados a las autoridades competentes”, sostuvieron desde la Federación, a la vez que lamentaron que “tampoco podemos esperar respuestas en este ámbito dado la inconcebible ausencia del Ministerio de Transporte en las últimas audiencias celebradas en este expediente”.
Para los empresarios del sector, los fondos correspondientes al Fondo Compensador del Transporte “son objeto de una distribución tardía, irregular, parcial y carente de toda transparencia”. Para los administradores de las empresas, la forma y los criterios de distribución de los subsidios “ocasionan serios perjuicios a las prestadoras, las que ven severamente dificultada la posibilidad de formular reclamos, atento la carencia de toda explicación técnica que sustente la distribución que se las practica”.
“Las jurisdicciones provinciales parece desinteresarse de la suerte de un sistema destinado a satisfacer las necesidades de movilidad de sus habitantes, a lo que se suma la total ausencia de respuestas y compromisos en la definición de los aportes que están dispuestas a formalizar para garantizar la prestación de los servicios” expresaron desde Fatap.
