Una disyuntiva que presenta el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, ya que celebra la preocupación de los concesionarios viales, pero critica que proyecto de ley del senador Rubén Pirola que busca controlarlos, ya que, según ellos, termina avalando un sistema institucional abusivo.
Ricardo Lasca, titular del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (Cadia) y coordinador de Conaduv, dijo: «Nos hubiese gustado que nos convoquen, ya que nos nombran en el proyecto. No pudimos comunicarnos, aun cuando enviamos el pedido formal que nos solicitaron».
La primera objeción numerada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial es que no existe estudio técnico-económico de fundamentación de tarifas de acuerdo a lo expresamente establecido por la Ley Provincial 11.204 (Concesión de Obras Viales a Municipios y Comunas), que en su tercer artículo inciso C establece que es requisito que «la tarifa o peaje no exceda el valor económico medio de los servicios ofrecidos», por lo que es vital determinar el beneficio/costo del usuario. También lo expresa la Ley Nacional 17.520 en el artículo 3.
«Para explicarlo de otra manera, no puede superar el beneficio económico del usuario, es decir, el costo del combustible que se ahorra por la nueva traza, el desgaste de neumáticos, el ahorro de tiempo, etc. La tarifa no puede superar ese costo», aclaró Lasca, al mismo tiempo que resaltó que cuando se crearon los peajes en la provincia, en la década del 90, no se hicieron dichos estudios de tarifas y que en la actualidad tampoco existen.
«Aumentan el peaje en relación con los costos que tiene el mismo sin tener en cuenta al usuario, generan un aumento del transporte, a la economía y a cada localidad que están cerca de los corredores viales», concluyó el coordinador de Conaduv.
En un comunicado emitido desde el comité que defiende a los usuarios viales, mencionan que el cobro de la tarifa de peaje es una contraprestación por un ahorro real que recibe el usuario y nunca la tarifa lo debe superar. «Este ahorro se puede medir y existen metodologías aceptadas al respecto, todo lo cual significa un conocimiento técnico, disponible a través de profesionales especializados en ingeniería económica de transporte».
Según la Conaduv, las concesiones viales son un servicio público confirmado por la propia Suprema Corte de Justicia: “El régimen de concesionarios viales por peaje es un servicio público enmarcado en la relación de consumo de jerarquía constitucional (art.42 C.N.) y ley 24.240 cuya tutela de los consumidores y el usuario alcanza también a los servicios concesionados. El peaje que paga el usuario es el precio de un servicio”.
Con base en esto, destacan la gravedad de que, siendo un servicio público, las concesiones viales no tengan un marco regulatorio ni un órgano de control. «Jamás convocaron a una audiencia», subrayó Lasca.
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial enmarca en el artículo 14 de la Constitución Nacional el derecho de todos los ciudadanos a transitar libremente por territorio argentino. Si bien, por ejemplo, la autopista Santa Fe – Rosario tiene un camino alternativo libre de peaje (ruta nacional 11), existen corredores que no cumplen.
El sistema creado por la Ley 17.520 conocida como «Ley Loitegui», suponía siempre una inversión previa que es recuperada con posterioridad. Es el precio que se paga para retribuir una obra o un servicio que antes no existía, «el peaje no es un pago a cuenta, ni un subsidio ni un crédito al concesionario, es el pago de una contraprestación real ofrecida, pero en Argentina se implementó un sistema inédito, solo de mantenimiento con rutas existentes, el peaje funciona como un impuesto al tránsito».
Hubo estudios que se realizaron desde la defensa de usuarios viales, que publica como ineficiente a los corredores viales y comuna en Santa Fe, a causa de que son rutas de pocos caudales de tránsito, es decir que lo que se recauda se gasta mayoritariamente en el costo operativo de la estación de peaje y no en el camino. Hay tres unidades ejecutoras de corredores viales en la provincia y son las número 4, 6 y 9.
Desde Conaduv explicaron en números que el 50% aproximadamente del precio del combustible corresponde a impuestos, los cuales deberían ser destinados a obras de infraestructura.
El Estado argentino recauda 145.000 millones de pesos al año, con los cuales se podrían realizar 2.000km de autovía, resaltaron. con esto, violando la propia Constitución.
