Se aprobó por unanimidad de parte de la Cámara de Diputados la creación de un registro provincial de acopiadores y comercializadores de metales, al que deberán inscribirse las personas humanas o jurídicas, que realicen actividades de carácter comercial o industrial, sea como actividad principal o accesoria, en forma permanente o eventual con metales no ferrosos.
El objetivo fue como un intento de sancionar el acopio de cables y otros elementos de cobre robados de la vía pública, delito que se viene produciendo con mucha frecuencia en la provincia y que perjudica especialmente a empresas prestatarias de servicios públicos (energía eléctrica, telefonía fija y móvil, internet, televisión por cable, agua corriente y gas natural) y a los usuarios que se quedan sin las prestaciones por los continuos robos.
«Es un mercado negro que genera mucho movimiento de dinero y debemos tener una política inteligencia de persecución criminal» señaló la socialista Lionella Cattalini, autora de uno de los proyectos discutidos y analizados en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El otro es de Oscar Martínez, del Frente Renovador, quien habló de darle elementos legales «para que los fiscales vayan contra las mafias de chacaritas y desarmaderos y no contra el robo famélico».
Para llegar a esta aprobación del proyecto de ley, se tuvo que atravesar dos audiencias públicas donde se escucharon crudos testimonios de funcionarios de empresas públicas y privadas que sufrieron consecuencias de robos. Presenciaron también los fiscales de Rosario y Santa Fe, y se llegó a decir que «Santa Fe es la capital nacional del robo de cables» y que en Rosario se denuncian hasta seis robos por día en algunas empresas.
La ley define como ‘metales no ferrosos’ «a todos los metales que no son hierro y a sus aleaciones, donde éste es componente principal; conforme la siguiente enumeración no taxativa: cobre, estaño, plomo, níquel, cobalto; cromo; molibdeno; titanio; tantalio; niobio; tungsteno; cerio; aleaciones de aluminio– cobre; aluminio– manganeso; aluminio-silicio; aluminio-magnesio-silicio; aluminio-zinc; bronces al estaño; bronces al plomo; bronces al aluminio; bronces al silicio; bronces al berilio; latón blando, duro y semiduro; antimonio, entre otros».
El registro funcionará en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos que podrá solicitar a las autoridades municipales o comunales, a título de colaboración, los informes y documentación que pudieren suministrar respecto de las actividades previstas por la futura norma. Pero además obliga a que los municipios y comunas requieran «como condición inexcusable para dar trámite a las altas que se les soliciten en Registro e Inspección de Comercios, la acreditación de haber cumplimentado con su incorporación en el registro provincial», caso contrario serán clausurados.
El objetivo de la norma es que estos comercios tengan un registro exhaustivo de los materiales ingresados para conocer la procedencia.
El MPA (Ministerio Público de la Acusación) estimó que en Santa Fe funcionan unas 120 chatarrerías, de las cuales cinco contarían con la habilitación que corresponde. También, los representantes de las empresas dieron detalles del impacto que producen los robos y coincidieron que el objetivo es hacerse del cobre que tienen los conductores y transformadores.
En la misma vereda, la Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley un proyecto votado la semana pasada por el Senado tendiente a llevar alivio a las ciudades de Coronda, San Carlos Centro, Carcarañá y Fray Luis Beltrán que tomaron créditos en dólares en la década del 90 del siglo pasado para obras de cloacas o agua potable. Diputados añadió un proyecto similar del socialista Esteban Lenci que tenía dictámen de tres comisiones. En todos los casos el objetivo es paliar los efectos de un decreto del gobernador Omar Perotti dictado el 28 de marzo, día aniversario de la fundación de Coronda, como se encargó de subrayar la diputada radical Jimena Senn.
Por ese decreto del gobernador, desde mayo las cuatro ciudades sufren un recorte de fondos coparticipables para afectarlos al pago de esa deuda. En Coronda, en mayo fueron 700.000 pesos menos. La provincia fue pagando esas deudas y ahora la ley sancionada prorrateo el descuento en 120 cuotas en reemplazo de las 48 que fijó Perotti.
Los créditos fueron utilizados para construir cloacas con el instrumento que más se aconsejaba de las ciencias económicas, cuando aún nadie si quiera pensaba en el estallido del uno a uno de 2001-2002.
La diputada nacional, Victoria Tejeda (UCR) estuvo ayer en Diputados esperando la sanción de la ley que llevará alivio a Coronda y otras ciudades por la deuda contraída en dólares en la década del 90. La diputada se fue contenta con la sanción unánime.
Nicolás Aimar (PS) y Agustina Donnet (Igualdad) ingresaron un proyecto de comunicación cuestionando la decisión del Ministerio de Seguridad de suspender los partidos de fútbol de todas las ligas del interior el domingo venidero por el clásico santafesino.
Antes de la votación, fueron varios los diputados que pidieron sumar su firma al texto, entre ellos Rosana Bellatti (PS), Betina Florito (Encuentro Republicano) y el radical Juan Cruz Cándido quien cuestionó la desorganización del Ministerio de Seguridad en materia de espectáculos deportivos.
La comisión de Vivienda que preside Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura) tuvo una reunión de trabajo con el responsable de la dirección provincial de la materia, Edgardo Ragalli y hubo intercambio fructífero y compromiso de trabajo conjunto, según se señaló.
En cambio, el paso del secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, en la comisión de Derechos y Garantías que encabeza Lionella Cattalini dejó insatisfechos a los participantes del encuentro.
