Este martes se realizará una audiencia en la que se discutirán las condiciones y calidad del régimen alimenticio que reciben los internos de las cárceles de Santa Fe, y serán partícipes los Funcionarios del Servicio Penitenciario provincial y autoridades del Ministerio Público de la Defensa.
Lo que deriva de un Hábeas Corpus (HC) correctivo y colectivo que se presentó la semana pasada por la Defensora General, Jaqueline Blangione, luego de una «disminución ostensible tanto en la calidad como en la cantidad» de las raíces diarias de los reclusos, y con ello de un «agravamiento en las condiciones de detención».
La funcionaria había enviado el 5 de julio una nota al secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, reclamando que se fundamente por qué se había visto afectada la calidad de los alimentos distribuidos en los penales, y por qué tampoco se estaba cumpliendo con la distribución diaria de pan, considerado «sustento de la alimentación de los internos».
Balangione advertía en su escrito que la situación descripta implicaba una «vulneración» de los derechos de las personas privadas de su libertad, y exigía una solución de manera urgente. Todo ello, sin perjuicio de la presentación de las acciones judiciales correspondientes.
Dos días después, de hecho, Balangione presentaba el HC entendiendo que la situación generada en los penales «vulnera el derecho a la vida y a la salud, consagrados constitucionalmente».
El texto del HC, que hace reserva de eventuales presentaciones en tribunales superiores y Corte Suprema de la Nación, insiste en plantear que la deficiencia en la alimentación implica un «agravamiento en la forma y condiciones en que se cumple una condena».
Después de recibir denuncias de parte de los familiares de los habitantes de los penales, se realizaron entrevistas a diferentes penales, tanto a internos como agentes del servicio.
Los internos hablaron allí de una «mengua de productos panificados y alimentos perecederos, lo cual afectó la alimentación y también la convivencia». Y los propios guardiacárceles dijeron que habían visto «recortadas sus provisiones».
Como denominador común, surgió de los testimonios recogidos que la alimentación que venían recibiendo se había visto «drásticamente reducida y afectada tanto en su cantidad como en su calidad y variedad». Además de reclamar la corrección inmediata en la entrega de las raciones, la defensora planteó también en el recurso presentado que para «subsanar» la vulneración de derechos descrita, se reintegraran las visitas semanales.
A 24 horas de la presentación del HC, el Servicio Penitenciario dio cuenta, por nota, ante la jueza Sandra Valenti de las condiciones en las que se estaba brindando el servicio de alimentación en las cárceles. Se informó que los menúes son definidos y diagramados por profesionales de la Nutrición, en función de un determinado aporte calórico.
Sin embargo, el mismo reporte advirtió que a inicios de julio, los proveedores de los víveres que se utilizan a diario para la elaboración de esas raciones decidieron dejar de entregar mercadería al Servicio Penitenciario «por falta de pago». Según precisa el informe oficial, estaban vencidos los pagos «de abril y mayo»; ante el incumplimiento y frente a una situación incierta por la coyuntura económica, los proveedores plantearon que se les hacía «imposible seguir trabajando». Frente a ello, lo que hizo el Servicio fue «realizar ajustes» sobre el stock de mercaderías que quedaba en las Unidades; se «modificaron» los menúes establecidos y se continuó brindando el servicio pero, claramente, con la afectación denunciada por los internos.
Respecto del pan, las autoridades del Servicio describieron una situación similar; en este caso, se aclaró que su provisión depende del Instituto Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP). Dicho organismo informó que también ante la falta de pago, los proveedores se habían negado a seguir entregando materia prima (harina), hasta tanto se regularizara la situación. «Ante la falta de pago (al proveedor de harina), el pan no se entregará en las unidades hasta que se solucione el inconveniente», advirtió.
En el informe del Servicio, se aclara que a principios de julio, el Poder Ejecutivo firmó los decretos respectivos para liberar los pagos pendientes a los proveedores. A partir de ello, la situación tendería a normalizarse.
