Matías Herrera, quien fue condenado por narcotráfico dijo: “Vamos a ver si le podemos dar una mano al pibe de Marcos Paz”.
Su interlocutor en esa charla es Horacio Lucchini, quien hasta el 9 de marzo ocupó la dirección de Análisis Criminal Estratégico del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
Ese día renunció luego de que en el Ministerio Público de la Acusación llegaran, de mano de una testigo, audios que involucran a este funcionario en el pedido de dinero al líder de Los Monos: Ariel Cantero, a cambio de mejorar sus condiciones de detención en el penal federal de Marcos Paz.
Mariana Ortigala, la testigo que aportó estas pruebas que están en manos del fiscal Matías Edery, dijo que el exfuncionario pedía 150.000 dólares.
Tras renunciar, Lucchini desapareció, según fuentes judiciales. No usa los teléfonos que tenía. Será imputado después de la feria judicial por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias y posiblemente estafa y si no se presenta se pedirá su detención.
No hay muchos antecedentes en la historia reciente de Santa Fe de funcionarios que ocupaban cargos de relevancia que aparezcan con este nivel de complicidad involucrados con organizaciones criminales. Lucchini no fue imputado antes porque los fiscales de la Unidad de Criminalidad Organizada, Luis Schiappa Pietra y Edery, estaban al frente del juicio contra Esteban Alvarado, pero en los próximos días, tras la feria judicial imputarán a este funcionario que llegó al Ministerio de Seguridad y se dedicó a hacer gestiones con narcos que mantienen encendida la violencia en Rosario.
En ese diálogo que aparece en un audio que está en manos de la Justicia, Lucchini le responde a Matías Herrera: “Vamos despacito. Vos dame una mano para que no pare el quilombo. Hay que seguir. Hay que armar algo que sea un impacto. No hablés nada por teléfono”. Esa conversación, que es más amplia e incluye otros nombres, incluso de funcionarios nacionales, la grabó Herrera para mostrar las influencias que tenía Lucchini, que según la denunciante Mariana Ortigala, le ofrecía a Guille Cantero brindarle mejores condiciones de detención en Marcos Paz a cambio de 150.000 dólares.
Ortigala era la encargada de llevarle el mensaje a Cantero y es la que dejó expuesto al exfuncionario, que será imputado.
“Herrera me trae esta grabación para demostrar las influencias y el poder que tiene Lucchini”, contó Ortigala, la testigo que se salvó de un ataque sicario en marzo de 2020 organizado por Alvarado.
Lucchini fue designado como director de Análisis Criminal Estratégico en diciembre pasado, luego de que se produjera la renuncia de varios funcionarios del Ministerio de Seguridad que habían llegado con Marcelo Sain, entre ellos, el extitular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Germán Montenegro. Horas después de que dimitiera, fueron allanadas las oficinas de los funcionarios por una causa de supuesto espionaje ilegal, de la cual más de seis meses después aún no se saben detalles
Ortigala dijo que mantuvo tres reuniones con Lucchini, que asumió a fines del año pasado en la cartera de Seguridad, y según ella, se desempeñaba anteriormente en el juzgado federal de Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe.
La mujer dijo que Lucchini se acercó a ella, porque es “amiga de Vanesa Barrios”, la mujer de Guille Cantero. El contacto lo hizo otra persona vinculada al narcotráfico, que se llama Matías Herrera, quien tiene causas abiertas en la Justicia Federal. Edery explicó que “Lucchini no era abogado, sino que cumplía un rol en el Juzgado Federal que consistía en ser un asistente, una especie de ordenanza.
Lo que se investiga es si las influencias que pretendía vender eran reales o no. Si era una especie de Marcelo D’Alessio «santafesino», el falso abogado que actualmente está preso en Ezeiza. La primera reunión entre ellos se produjo en octubre del año pasado, cuando Lucchini aún no había sido designado. Luego, Ortigala mantuvo otros dos encuentros. En uno de ellos, según Ortigala, ya estaba en el cargo.
“En un momento (Lucchini) me empezó a pedir cosas extrañas. Me dice que él podía conseguir beneficios para Guille Cantero. Los beneficios serían, por ejemplo, frenar requisas, que le habiliten 24 horas de teléfono fijo y la posibilidad de que Guille tenga un teléfono celular. Todo esto me lo decía para que yo se lo transmita a Cantero. Incluso, se mostró ofuscado porque al Guille le habían devuelto el teléfono fijo y supuestamente esa gestión fue de él y él no recibió nada a cambio. A mí me llamó la atención porque esa devolución fue legal, quiero decir que el teléfono se lo iban a devolver igual”, declaró Ortigala.
La testigo aseguró que el funcionario, que se jactaba de tener contactos en la Justicia y en el Gobierno, le propuso un tarifario. “Para frenar allanamientos, adulterar pruebas, realizar traslados, engarronar a otra banda pedía 20.000 dólares por cada cosa”, reveló la testigo.
En su declaración ante los fiscales, Ortigala contó que el funcionario, que asumió en el Ministerio de Seguridad tras la renuncia de Marcelo Saín, le dijo: “podía haber beneficios mayores (para Cantero) como un traslado, que él estaba gestionando los hilos para subir al Gobierno y que para eso, necesitaba un par de golpes sociales. Esto es hechos de resonancia social para sacar a la gestión e ingresar él. Concretamente me pidió que Guille mande a balear distintos lugares o que le entregue a él datos de donde estaban las cocinas de droga para hacer que las descubre él y beneficiarse”.
La testigo presentó, además, las capturas de pantalla de los diálogos que mantenía con el supuesto intermediario Matías Herrera. En uno de esos mensajes se menciona a otro narco de Los Monos, como es Gustavo Martinotti, alias «Toro», quien era exjefe de la barra de Rosario Central y está detenido en el penal de Ezeiza. Según los diálogos presentados en la Justicia, Martinotti pretendía que lo trasladaran al penal de Piñero, a 20 kilómetros de Rosario.
“El traslado son 40.000 dólares. Si quiere protección de parte del dopale (sería Lucchini, según Ortigala) son 100.000 dólares”, escribe Herrera.
Ante la repercusión pública que tuvo la denuncia de Ortigala, el funcionario acusado presentó la renuncia. Un día después el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, aceptó la dimisión del director de Análisis Criminal Estratégico.
Ortigala y su hermano Rodrigo, quien perteneció al clan Alvarado, se transformaron en testigos clave de un juicio contra Esteban Alvarado, que se inició a fines de febrero pasado. La mujer fue blanco de un ataque sicario en marzo de 2020. Dos atacantes le dispararon 27 tiros. Cuatro dieron en su espalda, pero logró sobrevivir al escapar de los sicarios. El día en que fue baleada en la puerta de su casa tenía previsto llevar a la fiscalía a declarar a Carlos Argüelles, un testigo que también pertenecía al clan Alvarado y fue asesinado en septiembre pasado en su taller mecánico.
