Este jueves se produjo una reunión que presenciaron el secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Walter Gálvez, integrantes de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados. En la misma, se tocaron diferentes cuestiones relacionadas con las cárceles y comisarías del territorio santafesino.
Entre los principales puntos, el funcionario provincial adelantó que para fin de año, la sobrepoblación carcelaria estaría reducida a la mitad: “Hacia fin de año, el 50% de la sobrepoblación carcelaria debería estar bajando”, dijo Gálvez, quien además brindó detalles de la inauguración de la Alcaida regional, destinada a los detenidos en comisarías.
El titular del Servicio Penitenciario sostuvo que, además de abordar la sobrepoblación carcelaria, se enumeraron las obras que se están desarrollando “desde Vera hasta el sur de la provincia. Hablamos de los plazos de las obras, de la compra de móviles y de temas vinculados a la sanidad”.
Gálvez advirtió que hay problemáticas del Servicio Penitenciario que “se arrastra desde hace muchos años y que empezó a pronunciarse, al menos respecto a la sobrepoblación, entre 2005 y 2015, duplicándose la cantidad de internos”. En cuanto a la reunión con los legisladores, el funcionario destacó que “estuvimos exponiendo y contestando preguntas e inquietudes. Desde un primer momento alentamos esta convocatoria porque mientras más actores se sumen para analizar la situación que atraviesa el Servicio Penitenciario es mucho mejor”, y añadió: “Dimos respuestas vinculadas a la sanción de la emergencia en el Servicio Penitenciario”. Por último, calificó al encuentro de altamente productivo.
Tras el encuentro, los diputados del bloque UCR Evolución, Georgina Orciani, Marlen Espindola, Sergio Basile y Juan Cruz Cándido, emitieron un duro comunicado en el que expresaron su preocupación. “La situación del servicio penitenciario es grave”, sentenciaron los legisladores, quienes informaron que el funcionario provincial se refirió a situaciones puntuales que se dan en la órbita del servicio penitenciario. Entre los datos llamativos que dio el funcionario, según los diputados, habló de “algunos reclusos de alto perfil que reciben comida por delivery con conocimiento de las autoridades penitenciarias”.
Orciani agradeció “la predisposición del funcionario” pero advirtió que “con eso no alcanza”, y agregó que entienden que “no hay un plan que guie la gestión, no hay conducción ni del gobernador Perotti ni del ministro Lagna y la política penitenciaria no es una prioridad para la seguridad pública”. El presidente de la comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Juan Cruz Cándido, afirmó que “la situación del Servicio Penitenciario es preocupante. No dimensionan la gravedad del descontrol que tienen dentro de las cárceles, en un contexto donde, reconocido por fiscales de Rosario, el 90% de los delitos se ordenan desde adentro”. “Hablan de más plazas penitenciarias cuando todavía no ocuparon las que dejamos listas cuando terminamos la gestión en 2019, y tampoco dejan en claro con qué personal cubrirán esas nuevas plazas porque los ingresos no alcanzan a cubrir las vacantes”, lamentó el legislador.
Los diputados de la oposición precisaron que Gálvez repasó algunos puntos de su gestión al frente del área y reconoció dificultades para avanzar en determinados puntos, como por ejemplo la instalación de nuevos inhibidores de señal, uno de los principales focos de conflicto, donde explicó que en breve una delegación del INVAP a estudiar la factibilidad de la instalación.
“Seguimos con el presente continuo de anuncios que nunca se concretan. Los inhibidores de señal y la participación del INVAP es algo que ya nos habían anunciado el año pasado. Ahora vuelven a anunciarlo como algo que va a pasar, mientras tanto los presos siguen haciendo homeoffice y las extorsiones crecen en las principales ciudades de la provincia”, coincidieron los legisladores.Por último, manifestaron que “sumado al descontrol provincial, nos llama la atención la falta de coordinación con el Gobierno Nacional en relación con los detenidos por delitos federales alojados en Santa Fe”, y explicaron que cuando preguntaron por la cárcel federal que debería inaugurarse en diciembre en la localidad de Larrechea “Gálvez nos dijo que no tenía información. Con todo este panorama, la situación en el corto plazo es poco alentadora”.
