El día de ayer se realizó una visita de inspección no anunciada de parte de Jaquelina Balangione y los legisladores para mostrar las condiciones de la cárcel de Las Flores, eligiéndose tres puntos: el pabellón de resguardo, el de ofensores sexuales y la cocina. Esto se realizó a pedido de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados.
Hubo mucha preocupación de parte de los visitantes, no solo pensando en la función de reinserción, sino como impedimento para el control que el Estado debe realizarse dentro de la cárcel, para el impedimento de la continuidad de las cadenas del delito y el ámbito en el cual los agentes del servicio penitenciario deben trabajar, como también las personas que llevan adelante diferentes programas sociales e inclusive los propios defensores públicos.
La autora de la iniciativa fue la diputada Lionella Cattalini, quien expresó su preocupación luego de la inspección: «Sabemos la realidad de las cárceles, pero la situación de la superpoblación agrava todo», argumentó.
En cuanto a la descripción de la visita, resaltó que encontraron presos durmiendo sin colchones en medio del agua, en sectores sin luz.
«Desde el Ministerio de Seguridad nos dicen que tienen preparadas licitaciones para comprar colchones, pero hasta ahora nada pasó», manifestó la legisladora socialista, quien adelantó que espera que en la reunión del próximo miércoles con el ministro Jorge Lagna, se den las respuestas necesarias.
Otro de los integrantes de la supervisión fue el diputado Juan Cruz Cándido.
«Vimos muchos problemas de infraestructura, pérdida de desagües, falta de luz, agua, medidas sanitarias y hasta complicaciones con el abastecimiento de comida, lo que configura una situación complicada».
El legislador radical expresó que esto no solo presenta un problema a la hora de trabajar en la reinserción, sino que dificulta la tarea de control que tiene que ejercer el Estado dentro de la cárcel, en cuestiones como «impedir que continúen y se amplíen las cadenas de delito».
Otro de los puntos que resaltó Cándido fue el de la construcción de un nuevo módulo en la cárcel, «nos prometieron que para septiembre u octubre iba a estar terminado y ni siquiera están levantando las paredes».
La diputada justicialista Matilde Bruera, dijo que además de las deficiencias en las instalaciones hay presos que están privados de sus derechos, «los internos que están en los calabozos de castigo están encerrados, aislados, sin luz, sin agua, incomunicados, sin colchones y muertos de frío».
La legisladora enumeró otros derechos que se le quitan a otras personas que se encuentran privadas de la libertad, como por ejemplo la visita de familiares, o la posibilidad de salir al patio. En cuanto a los problemas que encontraron, Bruera detalló que en la cárcel de Las Flores se alojan 1.300 presos que habitan en condiciones alarmantes.
«En la cocina los hornos son muy viejos, hay charcos con agua podrida e inclusive comida podrida, sin los elementos mínimos de higiene».
Para concluir la diputada comentó que están analizando solicitar la intervención de la fiscalía de Derechos Humanos, «ni los animales de ningún zoológico del mundo están en las condiciones en las que se encuentran los presos en los calabozos de castigo».
«Las cárceles no pueden rehabilitar a nadie»
La frase corresponde al diputado Carlos del Frade, quien agregó que las cárceles degradan y humillan a cualquier persona cualquiera haya sido el delito cometido.
«Porque una cosa es la justicia y las condenas por los delitos cometidos y otra cosa es una forma de venganza cotidiana que tiende a la eliminación de la dignidad».
El legislador de Ciudad Futura expuso que existen Celdas sin electricidad, húmedas, sin agua ni retretes, «son la geografía cotidiana en la que las personas detenidas quedan muy lejos del texto constitucional que promete la mencionada resocialización».
Desde el Servicio Público Provincial de Defensa Penal comunicaron que la unidad penitenciaria Nº 2 cuenta con una capacidad máxima para alojar a 1073 personas, sin embargo, de acuerdo a los datos otorgados por la Dirección General del Servicio Penitenciario, la cantidad de personas privadas de libertad asciende a 1370.
La titular del Servicio, Jaquelina Balangione, explicó que la visita junto los diputados sirvió para visibilizar los graves problemas que atraviesan los penales santafesinos, «que los legisladores puedan tomar conocimiento ejerciendo su poder legislativo es lo que le da el marco legal al Estado de Derecho».
Balangione detalló el trabajo que desde su organismo llevan adelante realizando diferentes presentaciones legales, en una de las últimas instancias en Las Flores se presentó un pedido debido a que les habían reducido la comida.
En cuanto a la sobrepoblación, la titular del SPDP graficó que el organismo cuenta con la primera y única ley de cargos que se sancionó, por lo cual cuentan solo con 90 defensores públicos para toda la provincia, lo que en una situación de sobrepoblación como la actual se dificulta mucho poder ejercer su tarea. Los defensores deben estar acompañando todo el proceso, «desde la sentencia, defensa técnica y una vez condenado, deben realizar el acompañamiento en el transcurso de pena, ya que el derecho es hasta que cumple la pena».
El problema de las condiciones en la que se encuentran los presos, tiene una repercusión social importante a la hora de hablar de la reinserción del detenido cuando cumple la condena, explicó Balangione, quien para concluir dijo que se debe no solo solucionar el tema de infraestructura sino también acomodar el sistema.
«El sistema va de mal en peor, pero la sociedad tiene que saber que al empeorar adentro también se empeora afuera, hay que ver otros modelos, que sean mas eficaces en la respuesta a la ciudadanía y que bajen los niveles de violencia y conflictividad social».
